Los trabajadores fueron las primeras víctimas de la política de expropiación del chavismo. Las esperanzas de una mejora laboral al ingresar a la nómina estatal y de ser parte en la toma de decisiones de las empresas, nunca se concretaron. Mientras, la soberanía alimentaria y el desarrollo de la economía endógena tampoco vieron luz con el «exprópiese» de Hugo Chávez que luego continuó Nicolás Maduro en menor medida
Miles de empresas del sector privado fueron objeto de la política de expropiación del chavismo desde el año 2000. Los argumentos para justificar esta medida fueron el desarrollo de la economía interna no petrolera y la estabilidad laboral. Pero 22 años pasaron y decenas de compañías estatales cerraron sus puertas, el país recién sale de la recesión económica, ha sido demandado en tribunales arbitrales por grandes sumas de dinero, la importación de bienes aún supera con creces a las exportaciones, se observa un deterioro de los servicios públicos y ha ocurrido un éxodo laboral de grandes proporciones.
Entre las otras premisas utilizadas para llevar con fuerza el «exprópiese» de Hugo Chávez en Venezuela destacan la seguridad y soberanía agroalimentaria, así como el manejo de recursos estratégicos para dinamizar la economía interna. Pero sobre todo, el de otorgarle el manejo de las empresas a la «clase trabajadora».
En las últimas dos décadas el país se sumió en una recesión continua de seis años en la que se perdió entre 75% a 80% del tamaño de la economía, en una caída de la actividad petrolera de 2,5 millones de barriles diarios; de una producción cercana a cero de las empresas siderúrgicas y de aluminio, así como de mínimos históricos de la única empresa cementera que queda en pie.
A esto se suma, las 6,5 millones de hectáreas de tierras «rescatadas» por el gobierno de Chávez desde que se promulgó el Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. Luego se intervinieron 4.000 hectáreas más, consideradas por el gobierno como latifundios. Esta política trajo como consecuencia las invasiones ilegales y matanzas de reses en las fincas, y no llegó la tan ansiada «soberanía alimentaria» del chavismo puesto que aún hoy, el país depende de las importaciones.
Para el director del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velásquez, es inquietante observar que después de estas decisiones gubernamentales, el país terminó sin crecimiento económico, sin mejoría ni bienestar social. «Esto lleva a la reflexión de que quizás este tipo de políticas no es las más apropiada para la sociedad y para el país en general. Lo que demuestra es que la actividad operativa de las empresas o el rol de los empresarios es importante, porque combinan los factores de producción como el capital, el trabajo, la tecnología y la tierra para obtener un resultado. Eso implica un compromiso y dedicación que no todo el mundo lo tiene y ni lo puede hacer».
El economista agrega que cuando un país entra en esta dinámica en la cual el sector público quiere manejar diferentes sectores de la economía, al final implica una mayor presión para el Fisco que tiene que financiar a todas estas empresas.
«Las necesidades de financiamiento del gobierno son cada vez mayores y, al no tenerlo, el Banco Central de Venezuela terminó poniendo el dinero. Cuando hablamos de la alta inflación, esto es consecuencia directa del tamaño del Estado. Cuando se expropia lo que se hace es que el sector público sea más grande. En consecuencia el BCV financia el gasto público y los problemas de la sociedad no solo se centra en la pérdida de empleo, sino también en la baja capacidad de compra debido a la inflación que vive», apuntó Velásquez.
El «exprópiese» del entonces presidente Chávez vino cargado de adquisiciones forzosas, decretos de utilidad pública e interés social, soberanía petrolera y estatización por fines estratégicos. Esto generó cientos de demandas en tribunales arbitrales internacionales. De acuerdo a un reciente informe de Cedice Libertad, el país ha sido demandado por 30.000 millones de dólares por expropiaciones, confiscaciones y violaciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros, amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países.
«Inversionistas extranjeros han acudido a procedimientos de arbitraje para hacer valer sus derechos. Se tiene conocimiento de 57 procedimientos arbitrales en contra de Venezuela, de los cuales 47 se han tramitado ante el Ciadi (Banco Mundial) y 10 ante otros organismos. Hasta ahora sólo 23 han culminado con una decisión condenando a Venezuela a pagar una suma de dinero o mediante un acuerdo de pago entre las partes», destaca el informe de Cedice.
Según los cálculos de Ramón Escovar Alvarado, experto en arbitrajes y coautor de la investigación Deuda Externa Venezolana por Demandas Arbitrales, junto con Andrés Carrasquero y Mariana Campos, los montos que hasta los momentos Venezuela y Pdvsa han sido condenados a pagar a los acreedores arbitrales, así como los costos asociados a estos procedimientos asciende a $21.299 millones, lo cual representa alrededor del 14% de la deuda externa venezolana. «Sin embargo, ese monto no incluye las eventuales condenas que podrían ser determinadas por los tribunales arbitrales que aún están tramitando demandas contra Venezuela y Pdvsa».
Trabajadores incautos
Darle «poder y fuerza» al trabajador en la toma de decisiones en las empresas expropiadas y estatizadas, se convirtió en un principio, en aumentar la nómina laboral en más de dos millones de empleados, gracias a que el Estado contó con los ingresos de los llamados petrodólares.
«Desde 2007 y hasta mediados de 2008, cuando el ritmo de las nacionalizaciones se aceleró, el Estado incorporó a su nómina casi 41.400 nuevos trabajadores, un aumento del 7,2% desde comienzos de 2007 y del 53,5% desde el inicio del gobierno de Chávez; en total, se incrementó el número de trabajadores en la nómina del Estado del 1,4 millones a 2,1 millones (…) El sector público se colmó de trabajadores, pero la productividad bajó», se indicó en el libro Un dragón en el trópico, de Michael Penfold y Javier Corrales.
En el período posterior el paro general de actividades de finales de 2002 y principios de 2003, muchas empresas presentaron retrasos en el pago de pasivos laborales, liquidaron a los trabajadores y cerraron sus puertas alegando quiebra. En algunos casos, los trabajadores organizados en cooperativas iniciaron procesos de reclamo y el Gobierno decidió expropiar las empresas para defender la estabilidad laboral. Por supuesto, ello provocó que aumentara considerablemente la nómina estatal de trabajadores, recordaron Anabella Abadi y Carlos García Soto en su libro Exprópiese. La política expropiatoria del «socialismo del siglo XXI».
Sin embargo, a pocos años de la política de expropiación, el despido llegó para aquellos trabajadores no afines al proyecto de la revolución bolivariana. «Las expropiaciones fueron, desde muy temprano, una herramienta clave de este proceso de control», afirmaron Abadi y García.
Hoy, millones de trabajadores han quedado sin empleo por el cierre de muchas de las empresas estatales, sus beneficios salariales mermaron, ya no cuentan con buenos salarios, comedores, economatos ni seguros médicos. Los que permanecieron en las compañías expropiadas decidieron luego hacer vida laboral en el mercado informal ya sea como vendedor u ofreciendo algún servicio, mientras que otros prefirieron ser parte de la migración venezolana que alcanza las 6 millones de personas.
Casi todas de estas expropiaciones ejecutadas en gran medida entre 2007 y 2010 fueron televisadas en cadena nacional en actos con trabajadores de las empresas privadas y en donde expresaban su alegría por la decisión tomada del chavismo. Pero hoy, sus caras muestran descontento y desaprobación.
Ahiana Figueroa – TalCual
