Los riesgos de la represión siguen al acecho con las violaciones de derechos a más de 250 presos políticos y de manera progresiva para frenar las acciones de la disidencia en un futuro escenario electoral con los comicios presidenciales. Es el temor de defensores de derechos humanos ante el avance silente de agresiones o atropellos que esperan por la acción de la Corte Penal Internacional (CPI).
Se trata de parte del contexto del informe anual del instituto Casla de Praga que fue presentado por Tamara Suju ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denuncia 54 víctimas de torturas físicas y psicológicas. Además del nivel de aprobación encabezado por el Ejecutivo nacional, tal como lo ubican desde el manual de operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
