** No pueden perdonar a los luchadores sociales que con su firme posición de protesta han desenmascarado sus políticas antiobreras y antinacionales, demostrando en la práctica que lo que quieren vender como mejora y progreso es una falsa normalidad. Que el pueblo sigue pasando hambre; que siguen los salarios y las pensiones miserables; que no se respetan los contratos colectivos; que no hay seguridad social ni progreso alguno en los servicios públicos. Y el pueblo no está dispuesto a seguir calándose esa agresión.
** Las detenciones arbitrarias son contrarias a la Constitución Nacional porque violan los artículos 44, 46, 47, 48 y 49. Es decir, violan la libertad personal de los detenidos ya que, sin orden de detención en la mayoría de los casos, vulneran la integridad personal...
Tribunal dicta privativa de libertad a militantes detenidos de Bandera Roja
De acuerdo con Bandera Roja, a los militantes les fueron imputados los delitos de Asociación para Delinquir y Conspiración
El Tribunal IV de control con competencia en Terrorismo dictó privativa de libertad contra los militantes detenidos de Bandera Roja, así lo informó el partido político a las 9:00 pm de este sábado, 9 de julio, a través de su cuenta en Twitter.
“Tribunal 4to de control con competencia en Terrorismo, declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Nestor Astudillo y 3 personas más”, publicó la coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en la misma red social.
De acuerdo con Bandera Roja, les fueron imputados los delitos de Asociación para Delinquir y Conspiración.
Torturas, asesinatos y detenciones de activistas: la ‘normalización’ de Maduro
Venezuela: Asesinan a un líder indígena que denunciaba el oro de sangre del chavismo y su alianza con guerrilleros colombianos
Torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, acusaciones falsas y mucha impunidad. La nueva oleada represiva del chavismo insiste contra los defensores de derechos humanos y añade a dirigentes de Bandera Roja, organización marxista en la oposición, que ha liderado diferentes protestas. Pero además, suma un caso inédito hasta ahora: la detención y muerte de un agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), la policía judicial venezolana.
La autopsia conocida de Juan Pantoja, quien cayó en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), confirma que el detective murió por “asfixia mecánica por sumersión”. Este cuerpo militar ha convertido su sede central de Caracas en uno de los principales centros de tortura del continente.
El mismo agente avisó a sus compañeros de las torturas que estaba sufriendo tras su detención. “Fue sumergido en una pipa (depósito) de 200 litros que había en el lugar”, confirmó Tamara Suju, activista de derechos humanos. A Pantoja le acusaban de ayudar a la fuga de Reyes Hernández, propietaria de una hacienda y perseguida por el chavismo, que pudo huir del país.
Edema cerebral severo, edema y congestión pulmonar, hemotórax masivo y otras lesiones asoman en la autopsia del detective, un nuevo casos de torturas en la Venezuela chavista. La Corte Penal Internacional ya investiga a Nicolás Maduro y a sus generales por ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
“Son momentos oscuros para los derechos humanos en Venezuela, un abanico de crímenes de Estado en vivo y en directo. Están tratando de inmovilizar a la población”, resumió el ex fiscal Zair Mundaray, quien desde el exilio informó al país de lo que sucedía en la comisaría de Apure.
La Unión Europea y Canadá acaban de denunciar otro asesinato, el de Virgilio Trujillo, líder indígena del Amazonas y defensor ambiental, quien protegía los territorios ancestrales de los piaroas de la minería ilegal y las guerrillas colombianas, aliadas de Maduro.
El asesinato de Pantoja coincide con la nueva arremetida contra defensores de derechos humanos, sociales y laborales, “quienes representan un obstáculo para los planes del régimen de normalizar la dictadura, por eso los secuestran y persiguen”, denunció Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R.
Entre ellos está Gabriel Blanco, dirigente de la Alianza Sindical Independiente y trabajador humanitario de la ONG Éxodo, a quien acusan de terrorismo y asociación para delinquir, herramientas habituales de las tres dictaduras continentales contra sus perseguidos. Según los datos del Foro Penal, actualmente permanecen en las mazmorras del chavismo 236 presos políticos, entre ellos 129 militares y 14 mujeres.
Su trabajo con las comunidades más vulnerables, sobre todo en derechos de la mujer, le había convertido en blanco de la persecución revolucionaria. Su mujer, Diannet Blanco, es miembro de los Comités de Derechos Humanos y ex prisionera
Razzia represiva contra el pueblo y Bandera Roja no detendrá la lucha popular
Definitivamente la dictadura está agónica. La razzia represiva ordenada por Maduro y ejecutada por sus cuerpos represivos de seguridad (Sebin, DGCIM y Faes), desde el pasado lunes, 4 de julio, demuestra la enorme debilidad de un régimen basado en la fuerza, la arbitrariedad y el desafuero.
No pueden perdonar a los luchadores sociales que con su firme posición de protesta han desenmascarado sus políticas antiobreras y antinacionales, demostrando en la práctica que lo que quieren vender como mejora y progreso es una falsa normalidad. Que el pueblo sigue pasando hambre; que siguen los salarios y las pensiones miserables; que no se respetan los contratos colectivos; que no hay seguridad social ni progreso alguno en los servicios públicos. Y el pueblo no está dispuesto a seguir calándose esa agresión.
Y a Bandera Roja no le perdonan el haberlos desnudado en su real condición de camarilla delicuencial sostenida por un corrupto y degradado alto mando militar, cuyo discurso “socialista” no es más que una cubierta de sus reales posiciones neoliberales y genuflexas frente a las potencias imperialistas China y Rusia. De esa acusación no podrán librarse.
La detención de cuatro dirigentes de Bandera Roja y activistas sociales: Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, y dos luchadores por los derechos humanos: Emilio Negrín y Gabriel Blanco, saltándose todas las garantías constitucionales y procedimientos legales, evidencia el temor que el régimen de Maduro le tiene a la lucha popular. Además de estas violaciones abiertas a las leyes, está la amenaza y persecución de otros luchadores: el activista social José Castro, los maestros Saúl Pérez y Oxálida Alejos (todos dirigentes de Bandera Roja) y la amenaza velada realizada por Valentín Santana, jefe del grupo paramilitar “La Piedrita”, contra el directivo sindical de Fetra-Salud Pablo Zambrano; aparte de la acción represiva contra los sidoristas por ejercer el derecho a huelga.
Las detenciones arbitrarias de dirigentes y militantes de nuestra organización son contrarias a la Constitución Nacional porque violan los artículos 44, 46, 47, 48 y 49. Es decir, violan la libertad personal de los detenidos ya que, sin orden de detención en la mayoría de los casos —y con excepción de Gabriel Blanco cuya orden de captura es contraria al horizonte hermenéutico judicial—, todas vulneran la integridad personal, pues las aprehensiones, en algunos casos de manera violenta, se producen mediante allanamientos a sus residencias y violentando sus comunicaciones privadas, con el robo y secuestro de sus dispositivos celulares, computadores y equipos electrónicos personales y de familiares cercanos.
Condenamos estas detenciones invocando los principios y preceptos constitucionales consagrados en el artículo 49 constitucional, exigiendo su libertad inmediata, siendo que todos los detenidos son sujetos del derecho a la presunción de inocencia y a que se realice el juicio en libertad, si es que hay elementos para que haya uno. Adicionalmente, por lo que hemos podido conocer en materia de la acusación, las comunicaciones entre individuos y conversaciones no son un acto delictivo. No existe hecho punible ni ha sido ninguno detenido en flagrancia y/o cometiendo algún delito tipificado.
Estos ataques a Bandera Roja se suman al despojo de nuestra tarjeta y símbolos electorales desde 2013, cuestión que no ha hecho merma para seguir con nuestra prédica y nuestra práctica revolucionaria, y para continuar impulsando la más amplia unidad que nos permita acabar con esta pesadilla dictatorial. Mal precedente —aunque es otro atropello más del régimen— para creer en que se realizarán elecciones libres, presidenciales o parlamentarias, sin la necesaria presión popular, nacional e internacional sobre la camarilla en el poder.
Frente a las amenazas y las tropelías, llamamos a la más amplia unidad gremial y sindical para continuar los senderos de lucha por una vida digna, por trabajo decente y por respeto a los derechos del pueblo trabajador y de todos los venezolanos. Convocamos a enfrentar con reciedumbre toda acción represiva de este régimen retrógrado, a formar un Frente Nacional contra la Represión como un espacio más de lucha unitaria, para rescatar a los presos políticos, civiles y militares, y para ayudar a construir la fuerza que habrá de sepultar el engendro histórico conocido como chavismo.
¡Unidad y lucha hasta construir la victoria!
¡Desechar las ilusiones, prepararnos para la lucha!
¡Con pueblo y unidad, derrotaremos la dictadura!
Dirección Nacional / Bandera Roja (Resistencia)
Caracas, 8 de julio de 2022
